Reclaman restitución de agua y creación de distrito de riego indígena en la zona Fuerte-Mayo.
Navojoa/VdM, 26 de junio
A más de tres décadas de la firma del convenio presidencial que dio origen a la construcción de la presa Huites sobre el río Fuerte, representantes de la etnia Mayo, en Sonora, han formalizado una demanda de justicia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reveló Emilio Borbón Willi.
El reclamo se centra en la restitución de 162 millones de metros cúbicos de agua que, aseguran, han sido desviados hacia áreas de riego en Sinaloa, contraviniendo los acuerdos originales, explicó asesor de la Comisión Hidráulica del Congreso y del Consejo Indígena Estatal de los Mayos de Sonora y Sinaloa.
El convenio, recordó, suscrito el 30 de enero de 1992, estableció tres compromisos fundamentales: evitar inundaciones por desfogues de la presa Miguel Hidalgo, generar energía eléctrica y ampliar la frontera agrícola en 70 mil hectáreas, de las cuales la mitad corresponderían a Sonora.
Aunque la presa entró en operación en 1995, el autor y asesor en la materia, señaló que Sonora aún tiene pendiente recibir 162 millones de metros cúbicos de los 350 millones que le corresponden por derecho.
“Esto no tiene reversa: el caso está en manos de la Suprema Corte. No se descarta una demanda contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por desacato a un decreto y por el despojo de agua durante 30 años, lo que ha impedido la plusvalía de 16,200 hectáreas en territorio sonorense”, afirmó el especialista en Hidráulica.
Proyecto: Distrito de Riego Indígena…
Como parte del Plan de Justicia Indígena, la comunidad Mayo propone la creación de un nuevo modelo de gestión denominado Distrito de Riego “Samuel Ocaña García”. Este proyecto contempla: Un requerimiento total de 262 millones de metros cúbicos (162 millones de deuda histórica más 100 millones adicionales por derecho de cuenca).
La entrega de 2,000 parcelas, de 5 hectáreas cada una a jefes de familia indígenas que actualmente carecen de tierra.
La creación de una estructura de vigilancia con “ojos” en cada módulo de riego, encabezada por un comisario indígena y respaldada por una oficina de defensoría federal.
Un distrito de 45,000 hectáreas con 5,500 usuarios registrados, con volúmenes de dotación definidos por derecho para ejidatarios e indígenas.
El objetivo central, detalló Borbón Willis, es que la zona Fuerte-Mayo deje de ser un área de riego precaria y que los productores sean reconocidos formalmente en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda), permitiéndoles acceder a los presupuestos de modernización que reciben otros distritos.
Ante la situación, los representantes indígenas han solicitado un debate abierto con las autoridades de Conagua para resolver esta deuda histórica.