La necesidad de una Propuesta de Reforma Fiscal para 2024 elaborada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), se justifica en la búsqueda de un sistema tributario más competitivo, eficiente y equitativo.
La contador público y actual presidenta del Colegio de Contadores Públicos del Mayo, Hermelinda Estrella Sánchez, refirió que las modificaciones que se encuentran contenidas en la propuesta, en materia de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), entre otros ordenamientos, tienen como objetivo promover el crecimiento económico, mejorar la recaudación y fortalecer las bases para un desarrollo sostenible en el país.
Dijo que El IMCP es un organismo que agrupa a profesionales especialistas en las áreas de auditoría, impuestos, regulaciones fiscales internacionales, precios de transferencia, comercio exterior, entre otras, cuyo conocimiento y experiencia se ve reflejado en estas propuestas técnicas y cuyo objetivo es coadyuvar a un mejor régimen fiscal que promueva la economía del país, fomente la creación de empleos productivos, incentive el ahorro y la inversión, además de generar certidumbre jurídica para los contribuyentes y para las autoridades fiscales.
Reconoció la labor de las Comisiones Nacionales responsables de la elaboración de este documento: Fiscal, AGAFF, Comercio Internacional, Fiscal Internacional, Precios de Transferencia y Síndicos.
Quiero destacar que este documento fue cabildeado con los presidentes de nuestros 60 Colegios Federados y entregado el pasado 12 de octubre a un representante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, quien, a su vez, lo presentó el 17 de octubre como parte de las reservas al paquete económico.
Tenemos la convicción de que esta propuesta contiene planteamientos técnicos viables, por lo que mantenemos la apertura al diálogo y a exponer a detalle cada punto a las legisladoras y los legisladores.
En el IMCP consideramos que las disposiciones fiscales deben impulsar el mejoramiento continuo del entorno tributario para promover el desarrollo económico del país, así como la simplificación administrativa en el pago de los impuestos y otorgar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.