Los pueblos de Macoyahui y Conicarit concentrarán 2,500 hectáreas para dotar de parcelas a familias que carecen de tierra.
Navojoa/VdM, 09 de julio
En consonancia con el Plan de Justicia Indígena Mayo- implementado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo-, el municipio de Álamos captará el 25% de la inversión destinada al rescate de agua y territorio.
Esto se debe a que cuenta con dos de los ocho pueblos tradicionales contemplados en el proyecto: Macoyahui y Conicarit. El plan propone la adquisición de 10,000 hectáreas en el área de los ejidos comprendidos en el proyecto Huites-Fuerte Mayo, del cual Álamos forma parte con superficies de núcleos ejidales como Providencia, Anáhuac, Chihuahua, Citahuis, 21 de Marzo 1 y 2, y porciones de Francisco Sarabia.
Estos ejidos, situados al margen derecho del canal Fuerte Mayo, fueron los que aportaron la tierra para dicha obra hidráulica; sin embargo, históricamente no han recibido el beneficio del agua de riego, un logro que finalmente se consolidará con la oficialización del distrito de riego indígena.
Considerando que el proyecto original de la presa Huites (hoy Luis Donaldo Colosio Murrieta) sólo contempló dotar de 10 hectáreas de riego a cada uno de los 3,500 usuarios —en su mayoría ejidatarios—, a estos ejidos les restan más de 40,000 hectáreas conforme a sus resoluciones presidenciales, las cuales actualmente no cuentan con respaldo de volumen de agua.
Es precisamente en esta superficie donde se propone comprar las 10,000 hectáreas con el fin de asentar a 2,000 familias indígenas que carecen de parcelas, asignando un área de 5 hectáreas en condiciones de siembra bajo riego para cada una.
Bajo este esquema, se distribuirán 1,250 hectáreas para cada uno de los ocho pueblos mayos. A Álamos le corresponderán 2,500 hectáreas (1,250 para Macoyahui y 1,250 para Conicarit), lo que se traduce en 250 parcelas de 5 hectáreas por pueblo.
Tomando en cuenta que son numerosas las comunidades que circundan a las cabeceras de Macoyahui y Conicarit, se prevé la asignación de 20 parcelas por localidad, cifra que podrá ajustarse proporcionalmente según el censo de población, bajo la estricta regla de que sólo calificarán las familias que no posean tierras.
Resulta de suma importancia que las autoridades tradicionales de estos pueblos soliciten el respaldo del Lic. Javier Lamarque Cano que visitará Álamos. Al ser uno de los funcionarios mejor enterados del Plan de Justicia, su impulso es clave, especialmente cuando se contrasta que la etnia yaqui, con la mitad de la población de la etnia mayo, ha recibido de este programa más de 20,000 millones de pesos, mientras que los mayos siguen esperando.
Asimismo, es fundamental que los habitantes de la cuenca del río Cuchujaqui, con una alta densidad de población indígena, sean incluidos en estos beneficios, y que especialistas como los ingenieros Bustillos y Orduño coadyuven en la divulgación técnica de este relevante proyecto.
Morena debe demostrar que las cosas se hacen de manera diferente; son casi 50,000 votos indígenas en el Distrito VII electoral – donde se concentra la totalidad de la población mayo de Sonora- los que aguardan resultados tangibles y no meras promesas.
El nuevo distrito de riego vendrá, como se dice en el campo, a acomodar las calabazas en la carreta. El objetivo central es evitar que unos cuantos “se lleven la tajada del tigre”, tal como ocurre en el inconcluso proyecto Huites, el cual ha derivado en un acaparamiento de tierra y agua en perjuicio de las mayorías.
El volumen de agua pendiente por concesionar a Sonora asciende a 162 millones de metros cúbicos, de un total de 350 millones etiquetados en el decreto firmado el 30 de enero de 1992.
La presa entró en operación el 14 de diciembre de 1995 y, tras tres décadas, sigue pendiente el cumplimiento de este gran compromiso social que se materializará a través del Distrito de Riego Indígena “Dr. Samuel Ocaña”.