Por el bienestar de las familias más desprotegidas, es urgente que los comisariados ejidales exijan la creación de este distrito de riego.
Por Emilio Borbón Willis
Navojoa/VdM, 15 de marzo
Durante la gestión de Shirley Guadalupe Vázquez como diputada federal (2021-2024), se logró atraer a la región del Mayo a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso de la Unión.
Fue en una reunión plenaria donde se me nombró asesor de dicha comisión, con el compromiso de acudir próximamente a la Cámara de Diputados para exponer el proyecto del Distrito de Riego Fuerte-Mayo.
La urgencia de este proyecto radica en que los productores sonorenses no deben depender de un distrito que promovió un amparo para incumplir el convenio con carácter de decreto que asigna a Sonora 402.5 millones de metros cúbicos ($m^3$) de agua.
Este volumen está etiquetado específicamente para el estado desde la presa Huites (hoy Luis Donaldo Colosio).
Resulta inadmisible estar subordinados a las decisiones del Distrito 076 de El Carrizo, organismo que firmó el amparo para frenar el suministro de agua hacia Sonora.
Es imperativo que los 3,500 ejidatarios de los 30 ejidos del sur de Sonora constituyan su propio Distrito de Riego.
Aprovechando el Plan de Justicia Mayo y por derecho de cuenca, se propone adicionar 10,000 hectáreas para las comunidades indígenas, con un volumen extra de 100 millones de metros cúbicos. Esto totalizaría una superficie de 45,000 hectáreas y una dotación de 450 millones de metros cúbicos, cifra neta tras considerar las pérdidas por conducción desde Huites.
El Plan pretende dotar con 2,000 parcelas de riego (de cinco hectáreas cada una) a igual número de familias indígenas Mayos que hoy carecen de tierra, utilizando recursos del Plan de Justicia para indemnizar a los ejidatarios y construir la infraestructura hidráulica faltante.
Este esfuerzo busca rescatar el proyecto original iniciado por el exgobernador Samuel Ocaña y continuado por Manlio Fabio Beltrones —quien gestionó la construcción de la presa Colosio—, el cual hoy se encuentra estancado a pesar de las instrucciones directas del presidente López Obrador, en San Bernardo, para atender esta solicitud. Ni el Gobierno de Sonora, ni los entonces delegados de Bienestar, Jorge Taddei y Martín Preciado, han tomado acciones concretas.
Para dimensionar el impacto de esta iniciativa, se destacan los siguientes beneficios:
A. Rescate patrimonial: Recuperar un volumen que Sinaloa ha utilizado de forma irregular por 30 años, cuyo valor se estima en 3,500 millones de pesos.
Esta es la plusvalía que alcanzarán las 16,200 hectáreas de los 30 ejidos de Sonora al cumplirse el decreto de 1992.
B. Seguridad Jurídica: Inscribir en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) el derecho individual de 100,000 metros cúbicos para cada ejidatario beneficiado.
C. Regularización Institucional: Dejar de ser una “zona irregular” para acceder formalmente a los presupuestos anuales destinados a los distritos de riego, superando la precariedad legal actual.
D. Equidad Presupuestal: Aprovechar los recursos del Plan de Justicia Indígena, tal como se ha hecho con la etnia Yaqui, donde se han aplicado más de 20 mil millones de pesos a pesar de representar una población menor que la de los Mayos en Sonora.
E. Gobernanza y Justicia Social: Aplicar los principios de equidad de la Ley de Aguas Nacionales para combatir el acaparamiento de tierra y agua, que persiste hoy de forma similar a como ocurría hace un siglo.
Por el bienestar de las familias más desprotegidas, es urgente que los comisariados ejidales exijan la creación de este distrito de riego.