El canadiense Perry Lloyd conoció en un viaje a una abogada sonorense que lo convenció en adquirir propiedad en San Carlos y Hermosillo, luego contrajo matrimonio con ella y a los 4 meses de casado la esposa lo despojó de sus propiedades valuadas en 50 millones de pesos.
Ciudad Obregón/VdM, 29 de agosto
Además de la posible comisión delitos como fraude, robo, abuso de confianza y extorsión, la licenciada Elizabeth Romo Cortez, tendrá que enfrentar los de lavado de activos y amenazas contra el ciudadano canadiense Perry Lloyd, a quien despojó de su patrimonio en 2022 con la posible colaboración de notarios públicos y funcionarios del Poder Judicial.
El licenciado César García Lagunas, abogado defensor del ciudadano extranjero, manifestó que luego de reiniciarse el proceso judicial contra Romo Cortez, quien encabeza el llamado Cartel Inmobiliario de Sonora, se recibieron amenazas y el señor Lloyd tuvo que salir del país por temor a ser objeto de alguna represalia.
Ese mismo modo de operar se ha ejecutado con los anteriores siete abogados del canadiense, por lo cual abandonaron el caso, pero ahora con esta nueva etapa del proceso legal se llegará hasta el fondo del asunto, expresó, y ni con todas sus conexiones políticas la ex funcionaria del sexenio de Guillermo Padrés Elías podrá librarse de la cárcel.
“A la señora Romo Cortez le decimos que deje de sentirse todopoderosa y de amenazar a la gente porque no tenemos miedo de sus acciones y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque eso de despojar a un señor de 62 años de su fondo de retiro, en verdad no tiene nombre”, destacó.
Engañado
Como se sabe, la señora Romo Cortez en solamente cuatro meses despojó de su patrimonio, en base a engaños, incluido un matrimonio que no se consumó, al señor Lloyd.
En fecha reciente, informó, la presunta compró en Hermosillo una vivienda con dinero producto de la venta de una de las casas del señor Lloyd en San Carlos, Nuevo Guaymas, por lo cual los adquirientes están en riesgo de perder ese activo ya que se incluirá en el juicio esa propiedad.
Además de ellas, se investiga el actuar de notarios públicos de Hermosillo y Guaymas que aparentemente se coludieron con la presunta para poner a su nombre al menos cuatro propiedades en ambos municipios.
El fraude asciende a poco más de 50 millones de pesos, declaró, desde que en 2022 el canadiense conoció en un viaje a la abogada sonorense, quien le convenció de invertir en propiedades en la zona de San Carlos y Hermosillo y posteriormente logró que se casaran con el argumento de que solamente de esa manera él podría escriturar a su nombre las propiedades.
A los cuatro meses de casados, y una vez con las propiedades a su nombre, ella interpuso una demanda de divorcio, pero al canadiense ninguna autoridad sonorense le envió documentos para emplazarlo.
Al trasladarse a Hermosillo, él quiso ingresar a su casa, ubicada en el fraccionamiento Salvatierra, pero se encontró que ella ya vivía ahí, le había cambiado las chapas de las puertas y no lo dejó ingresar para sacar sus pertenencias.
Presuntas complicidades
Se encontró que la Juez de lo Familiar, María Liñán del Carmen Peña Peña, le concedió a ella apoderarse de la casa, sin el consentimiento del canadiense, bajo el pretexto de que no podía quedarse sin un lugar dónde vivir.
Se sabe que en la Fiscalía Anticorrupción de Sonora ya hay avances en la investigación contra notarios públicos como: Miguel Ángel Corral Ríos, Jesús Ernesto Muñoz Quintal y Alfredo Ortega López, de Hermosillo, así como Miguel Ángel Salas Mariscal, de Guaymas, que incumplieron con su deber de verificar la procedencia de los recursos para adquirir propiedades y concedieron ilegalmente colocarlas a nombre de la indiciada.
De igual forma, que se investigue a los agentes del Ministerio Público que han colaborado en ni siquiera citar a Romo Cortez o sus cómplices para que declaren sobre estos delitos.