Un análisis sobre la propiedad agraria, el legado jesuita y la restitución del territorio indígena en el Valle del Mayo.
Por Emilio Borbón Willis
Navojoa/VdM, 25 de junio
Para entender la situación legal de la tierra en el sur de Sonora, debemos remontarnos a la historia novohispana de la región, específicamente a la llegada de los españoles a principios de octubre de 1614.
Los padres jesuitas que arribaron para evangelizar a los pueblos mayos, y posteriormente a los yaquis, establecieron las llamadas misiones. Estas fueron grandes asentamientos humanos organizados en torno a iglesias principales en ocho pueblos cabecera, circundados por pueblos de visita.
El padre Pedro Méndez fundó las misiones de Macoyahui, Camoa, Tesia, Navojoa, Cohuirimpo, Etchojoa y Santa Cruz, además de Jupare y Huatabampo.
Dichos asentamientos fueron grandes polos de desarrollo indígena donde se cultivaba de forma comunal. Bajo la guía de los religiosos, los indígenas lograron una producción agrícola y ganadera suficiente para su autoconsumo y para comercializar con los centros mineros de la región. Estos últimos acusaron a los jesuitas de concentrar la mano de obra, privándolos de los brazos necesarios para extraer oro y plata.
De esta manera, se iniciaron los conflictos por la tierra entre los yoremes y los colonos. Estos últimos, tras el declive de la producción minera, se convirtieron en grandes latifundistas, invadiendo los predios de las misiones y desplazando a las comunidades originarias.
Fue una lucha intensa entre los jesuitas y los colonos, con constantes denuncias ante la Corona española; en este contexto destacó la figura de Mateo Mange, un ferviente defensor de los indígenas.
Las intrigas de los mineros triunfaron y lograron que la Corona emitiera una orden real para expulsar de la Nueva España a los religiosos que habían trabajado para hacer producir las tierras del noroeste.
En 1767, fueron aprehendidos como criminales y enviados a España; muchos perecieron en el trayecto. Como resultado, medio siglo después, la influencia de este clero —en respuesta a tal crueldad— fue fundamental en la gesta de Independencia de México. No fue casualidad que Hidalgo y Morelos, ambos clérigos, fueran los precursores de lo que se considera la primera transformación de México.
Posteriormente, la persistencia de los privilegios coloniales motivó a Benito Juárez a promulgar las Leyes de Reforma, marcando la segunda transformación del México independiente.
No obstante, esto resultó insuficiente, y en 1910 los campesinos se levantaron en armas por la lucha agraria, constituyendo la tercera transformación.
Hoy vivimos la Cuarta Transformación con el Plan de Justicia Indígena, que nuevamente coloca el rescate de la tierra y el agua como eje central para los pueblos originarios de México.
En nuestra región, tras la Revolución, el establecimiento de los ejidos invadió los terrenos de los pueblos mayos y yaquis.
En el Valle del Mayo se formaron colonias agrícolas en localidades como Navojoa, Cohuirimpo, Etchojoa y Santa Cruz. Cada una de estas se constituyó con 25 cuadriláteros, compuestos a su vez por 100 lotes de 3.0517 hectáreas cada uno. Esa fue la figura mediante la cual la pequeña propiedad resguardó sus tierras.
Aquellos terrenos que carecían de dicho documento fueron integrados al régimen ejidal dentro del radio de afectación de 7 kilómetros. Por esta razón, dentro de los ejidos existen terrenos privados que han sido respetados desde su fundación; cada ejido cuenta con una relación de estos lotes catalogados como pequeña propiedad (pp).