La nueva Ley Federal de Aguas perjudica a los grupos más vulnerables del país.
Navojoa/VdM, 21 de abril
Recientemente se presentó la nueva Ley Federal de Aguas, la cual, lejos de beneficiar a las comunidades indígenas, las privó de derechos fundamentales que se enumeran a continuación.
Tomemos como ejemplo al Distrito de Riego del Río Mayo (038) en el estado de Sonora. La nueva legislación despojó a los indígenas del Valle del Mayo del único beneficio que les restaba: la posibilidad de alquilar su derecho de agua por un ciclo agrícola.
Para dimensionar el problema, es necesario precisar que el padrón de usuarios de riego del Valle del Mayo cuenta con cerca de 11,800 integrantes. Se estima que al menos la mitad (unos 6,000 usuarios) son indígenas mayos, ya sea como pequeños propietarios o dentro del sector ejidal. Destacan los ejidos de San Ignacio y San Pedro, donde cada productor cuenta con apenas cinco hectáreas de riego. Por ello, el Distrito del Mayo se cataloga como minifundista indígena, dado que 7,300 de los usuarios poseen cinco hectáreas o menos.
Esta situación se replica en la mayoría de los 86 distritos de riego del país y en las 25,000 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural que, en conjunto, irrigan 6.5 millones de hectáreas.
Competencia desleal…
Las reformas al Artículo 27 constitucional durante el sexenio de Salinas de Gortari y la firma del TLC marcaron el inicio del declive del campo mexicano.
Ahora, las reformas a la Ley Federal de Aguas parecen dar el “tiro de gracia” al verdadero campesino: aquel que carece de crédito, maquinaria, asistencia técnica y precios de garantía.
Al retirar el apoyo estatal, se obligó al productor local a competir contra potencias extranjeras en una lucha de “Sansón contra las patadas”.
En Estados Unidos, los agricultores cuentan con millones de hectáreas que aprovechan el deshielo natural. Esos suelos quedan listos para la siembra de trigo, la cual se realiza incluso mediante aviones. La semilla germina en el lodo del deshielo y produce con un manejo agronómico mínimo: sin necesidad de fertilizantes, riegos adicionales, herbicidas o insecticidas; gastos que en México son indispensables.
Bajo esas condiciones, y sumando los cuantiosos subsidios que recibe el campo estadounidense, la competencia es imposible. En su momento, el gobierno mexicano consideró que era más barato importar granos que producirlos, ignorando que México sigue siendo, esencialmente, un país de campesinos.
La ausencia de consulta…
Si se hubiera realizado una consulta indígena, como marca la ley, jamás se habría autorizado tal reforma. En un intento por frenar el “hidrotráfico” de los grandes consorcios, se terminó asfixiando a los pequeños productores de la siguiente manera:
Mientras un agricultor local pierde dinero intentando producir una hectárea de maíz debido a las desventajas del TLC, las grandes comercializadoras de agua embotellada obtienen ganancias exponenciales. Con el volumen de agua que requiere una sola hectárea (aproximadamente 10 millones de litros), una empresa puede recaudar hasta 150 millones de pesos vendiendo agua purificada a 15 pesos el litro, como sucede con el agua embotellada propiedad de Xóchitl Gálvez.
Los minifundistas del Distrito 038 y del resto del país —que no pueden sembrar por falta de recursos— tenían como último recurso rentar su derecho de agua por, al menos, 5,000 pesos por hectárea. Hoy, la ley les impide realizar esta transacción, consumando una grave injusticia social.