Sin socialización y previo análisis, pasan de urgente una nueva Ley de Seguridad y modificaciones a la Ley de Transporte: Gabriela Félix
Hermosillo/VdM, 10 de diciembre
La diputada Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano, votó en el Pleno en contra de tres dictámenes clave: la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, las modificaciones a la Ley del Transporte y la creación de nuevos cobros por el uso y la compra-venta de sustancias químicas relacionadas con explosivos utilizados en la agricultura.
Señaló a la mayoría parlamentaria de Morena y aliados por violentar sistemáticamente el proceso legislativo y actuar como un “gobierno autoritario”, debido a la falta de transparencia, la omisión del impacto presupuestario y la ausencia de consulta a los sectores afectados.
Ley de seguridad…
La diputada Gabriela Félix se pronunció en contra de la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, un dictamen de 245 artículos y 24 transitorios que fue sometido a votación bajo la figura de urgente u obvia resolución.
Denunció que el proyecto carece de dictamen de impacto presupuestario, no pasó por un proceso de socialización, violando directamente el principio de Parlamento Abierto, y ni siquiera fue turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Transporte…
La legisladora también votó en contra de las modificaciones a la Ley del Transporte al señalar que se presentaron “en bola” y sin la menor socialización.
Explicó que estas reformas buscan extender a todo el estado el modelo de cobro por kilometraje, pese a que en Hermosillo ya demostró ser insostenible: mientras la ciudad recaudó 218 millones de pesos, el Estado terminó pagando 969 millones a una sola empresa.
Señaló que este esquema incluso obliga a unidades a circular sin pasaje únicamente para cumplir con la cuota, dañando las finanzas públicas y sin un plan que realmente beneficie a las y los usuarios.
También advirtió que estas modificaciones abren la puerta a desplazar a los concesionarios y favorecer a nuevas empresas privadas.
Recordó que cuando el transporte lo operaban concesionarios, ellos absorbían costos sin subsidio, mientras que ahora el estado subsidia directamente a una empresa.
Como ejemplo del apresuramiento, mencionó que la ley propone nuevas placas para el transporte público que ni siquiera aparecen en el diseño oficial de las placas vehiculares recién emitidas.
Señaló que aprobar algo así sin consultar a concesionarios y usuarios, y sin explicar el impacto real, vuelve a violar el proceso legislativo.
“La diferencia entre la democracia y el autoritarismo es el respeto a las reglas”, remató.